Tomás Zerón, López Obrador y los crímenes de lesa humanidad en Ayotzinapa

A más de 2 años del crimen de lesa humanidad ocurrido en Ayotzinapa hay dos nombres que continúan dando de qué hablar sobre esta barbarie: Tomás Zerón de Lucio, al cual es acusado de sembrado evidencias en el lugar donde las autoridades afirman que los jóvenes fueron asesinados, para apuntalar la teoría oficial del caso, y el de Andrés Manuel López Obrador, el cual continúa ofreciendo amnistía anticipada a los criminales http://www.jornada.unam.mx/2017/02/26/politica/011n1pol.

Tomás Zerón de Lucio
Tomás Zerón de Lucio

La deshonestidad y la corrupción no son calificativos exclusivos para los que se apropian ilegal de dinero, ya sea este público o privado. Los eventos criminales de Iguala (Ayotzinapa) han ejemplificado la degradación de las instituciones que deberían procurar justicia y resguardarnos. También, ha dejado en evidencia el comportamiento de funcionarios públicos, como Zerón, que no sienten ningún remordimiento por los actos que se le imputan. Sorprendentemente, continuamos escuchando a López Obrador ofrecer amnistía-perdón a presuntos criminales de lesa humanidad y a saqueadores del país.

Recientemente, López Obrador presentó su último libro titulado, 2018, La salida: Decadencia y renacimiento. En su narrativa, el autor se desborda en evidencia contra la corrupción, apropiación de fondos públicos (soborno, moches, diezmo, mordida), en el país, pero a la hora de explicar cómo abordaría el problema de este tipo de corrupción, lo que hizo fue reproducir el discurso que presentó el jueves 11 de 2016, en Acapulco, Guerrero, en el ciclo de conferencias “Era Familiar Princess 2016”. En entre las páginas 101 y 102 se publica lo dicho en el ciclo de conferencias, eliminando solo el término “amnistía anticipad”, pero se reitera íntegramente todo lo demás. Por lo que, reproduciré un segmento de lo dicho en su discurso, publicado en la revista Proceso http://www.proceso.com.mx/451090/lopez-obrador-complice-la-corrupcion.

Andrés Manuel López Obrador
Andrés Manuel López Obrador

“Declaramos esta amnistía anticipada, porque lo que se necesita es justicia, no venganza. No odiamos a nadie. Sencillamente deseamos lograr el renacimiento económico, social, político, pero, sobre todo, moral de México. Dicho de otra forma, se trata de inaugurar una etapa nueva de la vida pública del país, con un presidente que no esté subordinado a ningún grupo de interés creado y que sólo tenga como amo, al pueblo de México.

“Respetamos a quienes sostienen la máxima de ni perdón ni olvido, pero no la compartimos. Podríamos decir: olvido no, perdón sí. En esta virtud, igual que en la honestidad, reside la esperanza de un mejor porvenir. Si hacemos a un lado el odio y optamos por el perdón, podremos caminar con el emblema de la honestidad hacia una sociedad mejor”.

Aunque la proclama de López Obrador es “Justicia no Venganza”, con su propuesta se hace cómplice del régimen de corrupción que reproduce la más aberrante impunidad de la vida mexicana, algo que los sobrevivientes de la masacre de Nochixtlán logran expresar en una breve frase: “nos ofrecieron todo menos justicia”. Los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Ayotzinapa abrieron la ira nacional y retrataron con crudeza la degradación de las instituciones cuya obligación es procurar justicia y protegernos (Anabel Hernández). Por esta razón, prefiero que Anabel presente el caso:

            “La noche del 26 de septiembre de 2014 desaparecieron en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos; se los había tragado la tierra y la búsqueda era infructuosa. Las imágenes de abandono eran descarnadas; los testimonios de sus padres y madres eran desgarradores.

            “La versión oficial de los terribles sucesos comenzó a articularse con rapidez y evidentes absurdos. El caso olía a una podredumbre que nos haría daño a todos; retrataban una fase de descomposición en México y no era posible mantenerse indiferente…”

            “Entre el 3 y 4 de octubre el gobierno de Guerrero, en colaboración con autoridades federales, detuvo a los primeros supuestos culpables; a continuación, la fiscalía estatal declinó su competencia y la transfirió a la Procuraduría General de la República (PGR). Fue Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, el responsable de conducir una pesquisa que desbordaba incoherencias desde el principio: los nombres de los asesinos confesos y las escenas de crimen fueron cambiando uno a uno, pero el eje de la de la versión oficial permaneció inamovible. Tanto el gobierno estatal como el federal tenían prescrito el final del caso: esa misma noche los 43 estudiantes habían sido quemados. No importaba quién fuera el nuevo asesino confeso, el final siempre era el mismo.”

            “La versión oficial, impulsada desde la propia procuraduría, Gobernación y Los Pinos, pretendía ser arrolladora y no aceptaba ningún cuestionamiento, pero no se sustentaba en ninguna prueba pericial; ni siquiera las declaraciones de los confesos era coherente.”

            “Los expedientes oficiales fueron la entrada en el laberinto de ese crimen, que provocó la mayor crisis política de los últimos años en México; las decenas de testimonios directos, videos, fotografías y audios que reuní han sido las herramientas para tratar de encontrar la salida.”

            “… descubrí la existencia del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Iguala, por medio del cual actuaban coordinadamente el Ejército, la Policía Federal, la policía estatal y ministerial de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Iguala. Por medio del C4 el gobierno supo en todo momento de la embestida contra los estudiantes y los monitoreó desde las seis de la tarde, tres horas antes de la primera agresión…”

            “… Con cada detención de los supuestos culpables aumentaron la violación y la tortura contra ellos. Los perpetradores de los abusos se hallan en todas las fuerzas de seguridad del Estado mexicano: Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la secretaría de la Marina. No se trató de abusos aislados por parte de los algunos funcionarios, sino que fue un método del Estado para imponer su versión a como diera lugar.”

            “La infamia del 26 de septiembre de 2014 no terminó con el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes: esos hechos desencadenaron una espiral de crímenes y una de complicidades para ocultar la verdad y proteger a los responsables…”

            “Los hechos de Iguala nos obligan a reflexionar sobre el momento que vive México: retratan con crudeza la degradación de las instituciones que deberían procurar justicia y resguardarnos, y al mismo tiempo nos retratan como sociedad, mostrando cuáles son nuestros temores más profundos, pero también nuestras esperanzas. En medio de la polarización y la soledad que se vive en un país como México, la gente ha comenzado a olvidar que el dolor que provoca la injusticia contra los otros debería ser muestro propio dolor, porque en cualquier instante el otro puede ser uno mismo.”[1]

Anabel Hernández
Anabel Hernández

La acción de perdonar no hace justicia. La amnistía tan poco hace justicia. La palabra amnistía deriva de la palabra griega amnestia, que es también la raíz de amnesia. La raíz griega connota el olvido más bien que el perdón de un crimen que ya ha sido objeto de una condena penal[2].  Las víctimas o agraviados (ofendidos) tienen el derecho constitucional de exigir se investiguen los hechos que constituyan una violación a sus garantías individuales y humanas. Demandarles o imponerles el “perdón” a través del poder ejecutivo o legislativo es un agravante más al ya sufrido por el agraviado. Por lo que, el perdón ejecutivo-legislativo por encima de los agraviados sería una flagrante violación a los derechos humanos y constitucionales de las víctimas (agraviados). La venganza o la aplicación privada de la justicia o a su defecto, la ley del talión, jamás ha sido llevada a cabo, ni exigido, por los agraviados de crímenes de lesa humanidad. De haberlo hecho no hubieran solicitado la intervención de la Procuraduría de Justicia, hubieran tomado la ley en sus manos. Lo que los agraviados han exigido es la igualdad bajo la ley, que la ley otorgue lo suyo de cada quien, que el acto y sus consecuencias se imputen a su autor, que el culpable sea condenado (lo “suyo” es el castigo), que el inocente ha de ser absuelto (el castigo no es “suyo”), que quien sufre un daño tiene derecho a una reparación, lo “suyo es la reparación), etc.[3]

Frente a nosotros tenemos daños contra la nación y contra la humanidad, no estamos hablando de ofensas menores. Dar un trato especial a los saqueadores y a los criminales de lesa humanidad es reforzar el discurso y la práctica de impunidad y corrupción del sistema judicial mexicano, dar marcha atrás en todo lo que se ha avanzado en materia de Derechos Humanos en el país. La máxima de “Ni Perdón ni Olvido”, exige, “Vivos se los llevaron, Vivos los Queremos”. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia los familiares y amigos de los torturados, masacrados o desaparecido han pedido “Venganza”. Solo en la mente de un perverso y ambicioso candidato a la presidencia del país se le puede ocurrir semejante barbaridad. El clamor de las víctimas jamás ha sido la venganza, quieren justicia. Las víctimas y México se lo merecen, y tienen derecho a ello.

 

[1] (Hernández Anabel, (2016) La Verdadera Noche de Iguala, ed. Grijalbo, México pp 15-21)

[2] Véase Diane F. Orentlicher, “Settling accounts: the duty to prosecute human rights violations of a prior regime”, Yale Law Journal, vol. 100, Nº 8 (1991), pág. 2537. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_sp.pdf

[3] (Preciado Hernández, R., (1967), Lecciones de filosofía del derecho. 5ª. Ed., México Jus. Tomado de Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, ed. Porrua, México pp 2259, Justicia)

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