Privatización de los servicios de salud

Desde el momento en que da inicio la reforma de salud en México, los funcionarios a su cargo han negado que la privatización de los servicios de salud, se niega la privatización de los mismos, no porque así va a ocurrir, sino porque el “vocablo” es un distractor http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/41645.html. Sin embargo, la privatización de los servicios de salud comenzó en México desde el anuncio de Julio Frenk Mora[1], exsecretario de Salud durante la administración de Vicente Fox Quesada, de “democratizar” la salud. Aunque el modelo de salud que se ha implementado en México desde la década del 2000 hasta la fecha tiene varias aristas, su fundamento económico consiste en el pago adelantado de los servicios de salud a través de un seguro médico. Este pago puede tener tres modalidades, el primero se haría a través de los impuestos generales; el segundo, por medio del seguro social y el tercero, el seguro privado. El otro fundamento, no menos importante, es la libertad de afiliación del usuario, lo que, aunque por lo general no se menciona, es la libre selección de los servicios. La adquisición de servicios de salud por medio de un seguro médico pre-pagado abre la posibilidad de que cualquier proveedor de estos servicios pueda brindarlos. Un tercer fundamento, pero en este caso, de carácter ideológico, es la extensión político-legal de derechos y obligaciones de un ciudadano ante su país transformándolo en “responsabilidad”, el individuo es responsable de su salud. Esto, a su vez se extiende al fundamento financiero, el individuo es responsable y tiene la obligación de pagar sus impuestos a fin de tener acceso al seguro médico público.

Julio Frenk Mora
Julio Frenk Mora

Recientemente, el gobierno mexicano ha puesto mucho empeño por desmentir las denuncias sobre la privatización de los servicios de salud en México, en especial, la privatización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estas declaraciones deben tomarse por separado, ya que si bien, dentro del modelo de privatización de salud promovido por el Banco Mundial el Estado deja de ser proveedor de servicio de salud directo, el modelo mexicano toma ciertas particularidades propias de su historia. En el caso de México, según explica Asa Cristina Laurell[2], -la reforma mexicana está inscrita en el ajuste y cambio estructural de signo neoclásico-neoliberal. El esquema básico es el modelo planteado en Invertir en Salud (Banco Mundial, 1993[3]) pero con la legislación sobre el Sistema Nacional de Protección en Salud (SNPSS) se transitó a un ambiguo aseguramiento universal… La variante de este planteamiento –el pluralismo estructurado– que ha orientado la reforma mexicana consiste en separar las funciones de regulación/modulación, de administración de fondos/compra de servicios y de prestación de los servicios. En este modelo le corresponde al Estado regular o modular el sistema de salud que incluye a todas las instituciones públicas y privadas que presten servicios de salud. Esta regulación se ejerce a través de la formulación de la política general de salud, la expedición de reglamentos y de la normatividad de carácter obligatorio para todas las instituciones, públicas y privadas. La responsabilidad de la seguridad sanitaria quedaría en manos del Ejecutivo Federal por vía de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) como órgano desconcentrado de la SSA, pero cuyo comisionado es nombrado directamente por el presidente-.

Banco Mundial
Banco Mundial

El Secretario de Salud (SSA), José Narro Robles, ha sido muy cuidadoso al ser entrevistado sobre el tema, rechazando que exista algún plan de privatización de los servicios. Sin embargo, añade: “El tema no está en la agenda del presidente Enrique Peña Nieto, ni en la del secretario ni de los directores de los institutos de seguridad social.”, http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/31/narro-hay-que-fortalecer-el-sector-salud-no-privatizarlo. Esto no quita que la meta a alcanzar sea la de prescindir del Estado como proveedor de servicios. Las leyes mexicanas vigentes, en materia de función del Estado como proveedor de servicios médicos, es un conjunto de galimatías donde pareciera que la serpiente se traga su cola. Bajo el Sistema Nacional de Protección en Salud (SNPSS), conocido comúnmente como Seguro Popular, el gobierno se paga así mismo, por los servicios que él mismo provee, en sus propias instalaciones y con sus propios empleados. El dinero transita dentro de las diferentes estructuras de gobierno, pero con la modalidad que el arca donde se guarda es una especie de ánfora llamada Seguro Popular. El Seguro Popular es un medio de pago, pretende ser un mecanismo similar al seguro social y hasta donde sea posible, al de un seguro privado. Administrativamente esto es una perversidad, una coladera por donde el dinero discurre en manos de la burocracia y lejos del necesitado.

José Narro Robles
José Narro Robles

De acuerdo a la Ley General de Salud, el gobierno federal asigna una cantidad del dinero presupuestado para el Seguro Popular a cada entidad federativa dependiendo del número de afiliados individuales que cada Estado tenga inscrito. De ahí la urgencia de cada entidad federativo por demostrar el mayor número de afiliados. Los Estados están obligados a utilizar esta asignación de dinero para el pago de las intervenciones médicas autorizadas por el Seguro Popular. Sin embargo, el poco o mucho dinero que les pueda llegar se une al presupuesto global de salud de cada entidad federativa. Por lo que, el dinero asignado cae en un barril sin fondo donde es imposible seguirle la pista.

Las entidades federativas reciben fondos para la construcción de clínicas y hospitales, pero no para su administración. Tanto el equipamiento como el pago al personal de salud, así como al administrativo corre por parte de los estados. De igual forma, los gastos de mantenimiento deben salir del presupuesto de salud de la entidad federativa. Es por esto que se pueden encontrar muchos edificios hospitalarios recién inaugurados, pero inoperantes. Al momento, las pocas evaluaciones públicas que existen sobre el modelo lo califican como deficiente; sin calidad, burocrático y carente de medicinas. Si bien, puede ser cierto que en lo que resta de la administración de Enrique Peña Nieto no se tenga contemplado la privatización de los servicios de salud, la tendencia y las intenciones son las de privatizar los servicios de salud.

La situación, en el caso del IMSS, es harina de otro costal. La privatización comenzó con la reforma a la Ley del Seguro Social impuesta por Ernesto Zedillo Ponce de León (1995), donde se privatizaron las pensiones. Su desmantelamiento, en aras del saneamiento financiero se impone con Vicente Fox, el cual nombró a Santiago Levy Algazi para este fin. Si bien, la reforma iniciada por Julio Frenk en la década del 2000 contempla la permanencia de este tipo de seguro para aquellos que califican como trabajadores. Esto no quiere decir que el Estado mexicano considere la asistencia social emanada de la Ley del Seguro Social del 1941-43, y sus enmiendas posteriores en beneficio de los trabajadores, como el modelo a seguir. La meta es muy clara: transformar el sistema de seguridad social actual, basado en el empleo formal, en uno de protección social para todos los mexicanos, cargándolo a los impuestos.

Ernesto Zadillo Ponce de León
Ernesto Zadillo Ponce de León

En ese sentido, lo señalado por Mikel Arriola Peñalosa es correcto: “No se privatizará” el IMSS, http://www.jornada.unam.mx/2016/06/02/sociedad/035n2soc. Primero lo van a desmantelar, no es correcto decir que la inversión 20 mil millones de pesos en infraestructura hospitalaria va a fortalecer este organismo público. La inversión en infraestructura hospitalaria en el IMSS es igual que la de los Estado federativos, hay dinero para concreto y varillas, pero no para medicinas, médicos y enfermera/os. El doble discurso lo señala muy detenidamente el investigador Gustavo Leal, el saneamiento financiero del IMSS lo pretenderán hacer con francos procesos privatizadores, es decir, cuatro hospitales que, bajo esquemas de asociación público privada (APP) por 6 mil millones de pesos, pagará el IMSS durante 30 años, así como modelos innovadores de pago por desempeño a proveedores externos en función de los resultados sanitarios alcanzados. Uno de estos programas piloto incluye ceder 16 mil pacientes diabéticos a proveedores externos que se sumarían a los ya subrogados en hemodiálisis y mastografía http://www.jornada.unam.mx/2016/06/04/opinion/016a1pol.

Gustavo Leal Fernández
Gustavo Leal Fernández

El actual modelo de salud no se sostiene, es deficiente y muy costoso. Sus autores, aunque, intentan corregir sus defectos, se niegan a aceptar que es un problema estructura, http://www.jornada.unam.mx/2016/05/31/sociedad/035e1soc. La privatización del sistema de salud está acarreando mayores problemas que los que se encontraban antes de la reforma de salud. Haciendo honor a sus intereses, sus actuales propuestas son las de continuar con la privatización de los servicios de salud hasta el final, esto es, el seguro universal con impacto impositivo, impuestos: IVA generalizado. Y no muy lejos, de continuar así, el desmantelamiento de todo en sistema de salud mexicano, incluyendo la enajenación de sus propiedades. La medicina saldrá más cara que la enfermedad.

Secretaría de Salud
Secretaría de Salud

 

[1] Frenk M., Gómez-Dantés O., (2001), La democratización de la salud. Una visión para el futuro del sistema de salud en México, Gaceta Médica de México, Número 3, Volumen 137, pp. 281-287

[2] Laurell, AC., (2013), Impacto del Seguro Popular en el Sistema de Salud Mexicano, ed. CLACSO, Buenos Aires

[3] Banco Mundial (BM) 1993 Invertir en Salud (Washington D.C.: BM)

3 comentarios en “Privatización de los servicios de salud

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