La privatización del agua y su ley reguladora

Por: Rafael Santiago Pagán Rappo

Ricardo Salvador Otero Sánchez

 

En nuestro afán de oponernos a lo que consideramos otra entrega más de los recursos naturales del país a los intereses privados y extranjeros por parte del gobierno-PRI retomamos el artículo periodístico de Georgina Saldierna y Enrique Méndez publicado en La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2015/02/26/politica/021n1pol. De acuerdo a los autores el gobierno federal, por medio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), negoció con PRI, PAN y PRD presentar el jueves  26 de febrero de 2015 ante la Cámara de Diputados la iniciativa de ley general de aguas que apunta a privatizar del servicio público del líquido potable y facilitar la fractura hidráulica o fracking. Este intento privatizador del agua se enmarca no sólo dentro de la corriente privatizadora neoliberal establecida en el país en los últimos 30 años, sino que se enlaza directamente con la reforma energética constitucional recientemente efectuada.

Las leyes de agua datan de la época porfirista donde después de 12 años de experiencia administrativa en la aplicación de leyes relacionadas al agua, el 13 de diciembre de 1910 el gobierno de Porfirio Díaz decretó la Ley de Aprovechamiento de Aguas de Jurisdicción Federal, “Ley de Aguas”. Inmediatamente después, el 1 de febrero de 1911 emite el Reglamento de la Ley de Aguas del 13 de diciembre. Finalmente, clara y llanamente, el agua es declarada propiedad de la Nación. Situación jurídica que mantenía, en parte, legamente maniatado a los poderes ejecutivos, ya que no se puede otorgar lo que no se posee. La promulgación de la Ley-Reglamento del Agua le permitió al gobierno federal llenar los vacíos y eliminar las imprecisiones de las leyes anteriores sobre la materia. Si bien esta ley no pudo ser aplicada por el gobierno de Porfirio Díaz, ya que renunció el 25 de mayo de 1911, es importante resaltar la importancia de la misma en cuanto instrumento de desarrollo económico durante el siglo XX. La Ley de Aguas del porfiriato se integró al Artículo 27 Constitucional de 1917 y duró integra hasta el 1929 donde sufrió algunas modificaciones: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada”. Hoy nos enfrentamos a una de las reformas más retrogradas en materia de recursos naturales nacionales.

Porfirio Diaz
Porfirio Diaz

La ley de aguas propuesta por el ejecutivo federal y presentada por los partidos del “Pacto por México” retoma los principios más escalofriantes del neoliberalismo: “se privatizan los beneficios y se socializan los riesgos a expensas del pueblo”.  El artículo 81 del capítulo II de la iniciativa señala dice lo siguiente: “La participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos que prevé este capítulo podrá incidir en sus diversos elementos, tales como extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas… En todo caso el prestador de esos servicios será responsable de su actividad en los términos que disponga la ley.”

Privatización del Agua, bocadepolen.org
Privatización del Agua, bocadepolen.org

Dada la nueva ley propuesta podemos entender que el gobierno federal-PRI y sus partidos achichincles (PAN-PRD) están legislando para crear un mercado del agua, donde la privatización (el mercado) conduciría a resolver las fallas que derivan de la compra regulada de derechos para la extracción de agua por la industria, otorgamiento de “derechos” sesgados por criterios diferentes a los económicos y de bienestar, tarifas diferentes por la misma cantidad y calidad de agua en una misma región y usuarios similares. Se quiere dejar en manos del mercado la transformación de los usos y costumbres en el abastecimiento del agua así como la eliminación de las prácticas clientelares que el gobierno ha venido ejerciendo por décadas en la asignación de las concesiones de uso del agua. También, se pretende que el mercado resuelva la situación natural, histórica y geográfica del agua en México como lo son: los desequilibrios regionales entre disponibilidad natural y demanda de los recursos hídricos, acentuad por una distribución demográfica desigual y contradictoria –escasez de recursos hídricos y población numerosa y creciente, metrópolis por encima del millón de habitantes de cara a una actividad industrial caracterizada por su concentración en zonas donde precisamente no abunda el agua (Roberto M. Constantino Toto, 2006).

Diversidad climática de México
Diversidad climática de México

La ley general de aguas vigente es reglamentaria de la reforma al artículo 4º de la Constitución, del 8 de febrero de 2012, el cual garantiza el derecho humano al agua. En relación a este derecho dice lo siguiente: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre. aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la Ley definirá las bases, apoyo y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Sin embargo, Saldierna y Méndez señalan que, al definir el mínimo vital, el proyecto de ley general de aguas propone que el volumen para consumo personal y doméstico que permite al individuo cubrir sus necesidades básicas corresponde a 50 litros diarios por persona, una tercera parte de lo que se reconoce mundialmente como consumo mínimo por persona (150 litros por persona por día).

Acceso al consumo de agua
Acceso al consumo de agua

Aunque, de acuerdo a Saldierna y Méndez, se excluyó del proyecto original el uso del recurso para la extracción de gas de lutita mediante la fractura hidráulica, consistente en la inyección de millones de litros de agua al subsuelo, quedó firme la definición de uso industrial, que deja abierto el uso del líquido para cualquier actividad. Dice el texto referido: Es la aplicación de aguas nacionales en la extracción, conservación o transformación de materias primas, el acabado de productos o la elaboración de satisfactores, así como en parques industriales, calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, en las salmueras que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias.

 Fractura hidráulica

Fractura hidráulica

En términos simples y sin rodeos la reforma energética y sus leyes secundarias permiten la  expropiar de las tierras que se requieran para la exploración y explotación de hidrocarburos, también abren las puertas a la explotación de gas de esquisto o shale, que se obtiene mediante una práctica conocida como fractura hidráulica o fracking. Esto consiste en perforar la tierra e introducir agua y químicos a presión para sacar el hidrocarburo. Actualmente la reforma energética se encuentra en contraposición con la Ley General de Aguas vigente, por lo que para evitar una controversia constitucional o un litigio en los tribunales fue preferible para el gobierno-PRI negociar con los partidos PAN-PRD pertenecientes al “Pacto por México” y entregar en forma clandestina a la iniciativa privada y extranjera lo último que nos quedaba, El Agua.

Los dioses no aprietan sino que ahogan, mercados, acumulación por desposesión
Los dioses no aprietan sino que ahogan, mercados, acumulación por desposesión

 

Trabajos citados

Roberto M. Constantino Toto. (2006). Agua, Seguridad Nacional e Instituciones . México: Universidad Autónoma Metropolitana.

 

 

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